El Congreso insiste en ponerse de espaldas a los trabajadores y a la Constitución

02/12/2015

 

Artículo 6 de la Ley de Presupuesto General de la República 2016

"Prohíbese en las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas."

 

El Congreso Nacional aprobó prohibir, nuevamente, la negociación colectiva para incrementos de sueldo en el sector público. Como en las anteriores ocasiones, la prohibición fue colocada en el art. 6 del Proyecto de Presupuesto General de la República del 2016 enviada por el Ejecutivo y aprobada por la mayoría de parlamentarios.

 

De esta manera el Congreso decidió ignorar al Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional la prohibición de negociación colectiva para incrementos de sueldo en el sector público, contenida en las leyes de presupuestos de los años 2013, 2014 y 2015, hace solamente dos meses y medio.

 

Cuando lo esperable era que el Congreso diera signos de empezar el trabajo para debatir  desde el 28 de julio del 2016 las fórmulas de regulación que el TC ordenó en su sentencia, el Congreso decide retroceder colocándose de espaldas a los trabajadores, al mandato constitucional y a la sentencia del TC.

 

La sentencia del TC nos costó enormes esfuerzos a los trabajadores, no fue un regalo de nadie, decenas de marchas, reuniones en el Congreso, plantones, todo en defensa de un derecho fundamental e irrenunciable como la negociación colectiva hasta que finalmente el TC se pronunció como correspondía, protegiendo este derecho fundamental.

 

Cuando nos enteramos que la propuesta del Ejecutivo insistía en cercenar nuestro derecho, iniciamos junto a diversos gremios, una serie de reuniones con los grupos parlamentarios que existen en el Congreso. La gran mayoría de bancadas se comprometió a pronunciarse contra la prohibición, reconociendo el derecho de los trabajadores y la sentencia del TC.

 

A pocos días, los compromisos se cayeron y las mismas bancadas que mostraron su absoluta disposición a respaldar nuestro derecho, terminaron votando a favor de la prohibición.

 

Sorpresas ingratas han sido las votaciones de parlamentarios con los que parecía que teníamos coincidencias mayores, como Sergio Tejada y Yonny Lescano, el primero votó a favor de la prohibición y el segundo se abstuvo.

 

No hay razones para que el Congreso decida ir contra nuestros derechos, no le asiste legalidad al Congreso en este caso, aprobar la prohibición del ejercicio de nuestro derecho a la negociación colectiva coloca al Congreso fuera de la Constitución. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras un puñado de congresistas pasan por encima de la Constitución, por encima de una sentencia del TC y por encima de su mandato histórico que es la defensa de los peruanos.

 

Convocamos a los compañeros del SUTESAL a ponerse en pie de lucha, la JDC volverá a establecer las coordinaciones con otros gremios de trabajadores afectados, con las centrales nacionales, para enfrentar este nuevo atropello y restituir definitivamente nuestro derecho a la negociación colectiva.

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